Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT)
Nahum Villavicencio.
Estos partidos politicos exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) evite el uso arbitrario e ilegitimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora oaxaqueña Lucila Bettina Cruz Velásquez.
Mediante una misiva los legisladores Roberto López Suárez, Carlos de Jesús Alejandro, Yesenia Nolasco Ramírez, Gloria Bautista Cuevas, entre otros indicaron que piden se valoren los elementos presentados por la acusada de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y riqueza nacional.
Explica el documento que ante la inminente sentencia que en los próximos días emitirá el Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Tercer Circuito Federal con residencia en Salina Cruz, el cual definirá la situación legal de la defensora, piden a la PGR “valore los elementos presentados por la acusada y su defensa.
Para evitar con ello un encarcelamiento injusto” de la defensora. De igual forma, se manifestaron contra cualquier “decisión, iniciativa o acción que pretenda menoscabar los derechos de asociación, expresión y reunión, al inhibir y criminalizar la protesta social”.
Asimismo, manifestaron que el proceso contra la defensora “tiene claros rasgos de persecución, un uso ilegal de la justicia por parte de sus acusadores y de los funcionarios federales implicados”; de igual forma aseguraron que “las imputaciones y el proceso contra Bettina Cruz representan actos de criminalización de la protesta social.
De igual manera que ilustran la situación de riesgo en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, pues a través de su proceso se ha evidenciado el uso desviado del sistema de justicia en contra de ellas, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos.
Cabe recordar que el proceso penal contra la defensora derivó luego de la manifestación pacífica que la APIITDTT realizó el 13 de abril de 2011 frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante la cual denunciaron las altas tarifas de luz eléctrica en las comunidades indígenas y su descontento por la complacencia de la CFE frente a los convenios ilegales que permitieron el despojo de territorios indígenas para la construcción de parques eólicos en diversas zonas del Istmo de Tehuantepec.
Casi un año después, el 22 de febrero de 2012 la defensora fue detenida arbitrariamente y luego de ello, recibió auto de formal prisión, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional.
El 24 de febrero de 2012 después de pagar una fianza, la defensora obtuvo su libertad bajo caución, actualmente enfrenta su proceso en libertad y está a la espera de la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca.
