Corrupción en la SCT para financiar campañas del PRI
Alfredo Martínez de Aguilar
Al encubrir una amplia red de corrupción federal, el desvío por 580 millones de pesos del presupuesto 2015 del Centro SCT presuntamente destinados a financiar en parte las campañas del PRI en Oaxaca, pero sobre todo a la gobernación de Héctor Astudillo Flores en Guerrero, según se ha denunciado, seguirá dando de qué hablar.
La corrupción en cuestión amenaza convertirse en un escándalo nacional al llegar a funcionarios de alto nivel de la SCT como Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, y de José Antonio Rodarte Leal, coordinador General de Centros SCT.
De tal manera que sin que le exonere de responsabilidad alguna, el guerrerense Rafael Navarrete Quezada entregó la adjudicación de la mayoría de las obras de infraestructura carretera en Oaxaca a los amigos, compadres, socios y cómplices de los dos altos funcionarios en cuestión.
Ya de suyo grave la corrupción por la asignación de obras sin licitación a constructoras de otras entidades, el mayor problema que heredó al subdirector de Obras, Julio César Medellín Yee, encargado del despacho, son los fuertes adeudos a constructores oaxaqueños.
A pesar del proyecto del Presidente Enrique Peña Nieto, de otorgar la obra pública a empresas de las entidades en donde se realizara para reactivar las economías locales, Raúl Murrieta Cummings y José Antonio Rodarte Leal, altos funcionarios de la SCT le traicionan y entregan los contratos a unas cuantas compañías foráneas, ocasionando con ello que el 80 por ciento de las constructoras locales atraviesen por una de las peores crisis en la historia del país.
El subsecretario de Infraestructura de la SCT y el coordinador general de Centros SCT benefician a un grupo predilecto de constructoras, que aparecen repetidas en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Durango, a las que les otorgan el grueso de obra pública e incluso en fechas similares, a grado tal que hay empresas que pareciera que ejecutan obra al mismo tiempo en distintos lugares.
Escribimos recientemente que la pérdida de la presidencia por el PRI en el año 2000 trajo consigo el nefasto fenómeno de la conversión de los gobernadores priistas en verdaderos virreyes, dueños de vidas y haciendas, en complicidad con altos funcionarios federales.
Ello dio paso durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón a otra faceta del financiamiento de las campañas electorales a presidente de la República, gobernador, diputados federales y locales, senadores y alcaldes municipales.
Rebasada la corrupción de los priistas, los panistas desviaron a fines político-electorales cuantiosos recursos vía las delegaciones federales, corruptelas que hoy en día mantienen los priistas sin llenadera alguna.
Claro ejemplo de esta situación es el priista guerrerense Rafael Navarrete Quezada, oriundo de Ometepec, quien dejó una estela de escandalosa corrupción como director del Centro SCT-Oaxaca, como parte de una amplia red de complicidades con altos funcionarios de esa dependencia.
Sin cumplir la obligación legal de licitar las obras de infraestructura carretera en Oaxaca, Navarrete disfrazó la adjudicación de las más importantes a los constructores de otras entidades, amigos, compadres, socios y cómplices de sus jefes Murrieta Cummings y Rodarte Leal, bajo el argumento “invitación cuando menos a 3 personas”.
Sin embargo, el mayor problema que heredó al subdirector de Obras, Julio César Medellín Yee, encargado del despacho, son los fuertes adeudos a empresarios de la industria de la construcción oaxaqueños.
Las dos principales empresas beneficiadas por Navarrete Quezada son las constructoras veracruzanas EXPECTRAS, S.A. DE C.V., con 21 contratos e INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V., con 20 contratos.
El monto total de los 21 contratos de la empresa EXPECTRAS, S.A. DE C.V., alcanza un total de 138 millones 714 mil 778 pesos con 20 centavos, mientras que los 20 contratos de INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V., suman 131 millones 111 mil 068 pesos con 93 centavos.
La constructora más beneficiada es la empresa veracruzana EXPECTRAS, cuyas oficinas en la capital oaxaqueña, se ubican en la Calle Sabinos 402 (Amapolas), y cuyos directivos jarochos son José Martín Vázquez como gerente administrativo, como gerente de Construcción, Víctor Manuel Salazar Vázquez y el ingeniero civil, egresado de la UNAM, con residencia en Xalapa, Uriel Bocanegra Castillo, quien también aparece como director de Integra Construcciones, SA de CV.
EXPECTRAS fue ubicada por el reportero David Varona (2 de septiembre, 2013) ligada de manera presumible y a través de amigos y familiares a Marcelo Montiel Montiel, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, extitular de la SEDESOL jarocha, exdiputado local y dos veces presidente municipal de Coatzacoalcos.
Habría que preguntar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) si las empresas beneficiadas al mismo tiempo en distintas entidades realizan sus avances de obra con la misma maquinaria en todos los estados, debido a que una empresa no puede disponer de la misma maquinaria para hacer proyectos en varios puntos a la vez, pero la realidad es que lo hacen y por eso hay atrasos de obra e incluso ni siquiera se inician, como ocurre con frecuencia en Oaxaca.
Lo peor del caso, es que hay compañías que enfrentan demandas por incumplimiento de contratos y obras no realizadas, como EXPECTRAS SA de CV, y aun así les siguen entregando obras, gracias a la consigna de Raúl Murrieta Cummings y de José Antonio Rodarte Leal, desde las oficinas centrales de la SCT, defraudando también la confianza que el Secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, ha depositado en ellos.
@efektoaguila
